sábado, 18 de marzo de 2017

Sobre la sentencia que me condena en el caso de la amputación de una pierna.

   Hay muchas cosas que no están nada claras. ¿Por qué la justicia se han negado a que testificaran los médicos de Povisa? ¿Por qué se afirma en la sentencia que la causa de la amputación fue el tiempo de isquemia previo al traslado desde mi Hospital a Povisa, si ha sido demostrado que esto no ocurrió, que no hubo isquemia hasta el día siguiente del traslado? ¿Por qué no se consideró la opinión de los demás médicos y enfermeras que atendieron a la paciente, y de médicos de gran experiencia y prestigio que reiteran en sus periciales que no hubo isquemia y que en mis actuaciones no hubo mala praxis? ¿Por qué se acepta la versión del cirujano vascular que trabajaba en Povisa (se jubiló un mes después), quien hizo el diagnóstico de 80 horas de isquemia, cuando la propia sentencia reconoce que ese diagnóstico no es cierto, y ese médico -que fue quien realizó la amputación y mi principal acusador- queda tan campante? ¿Cómo puede alguien suponer que a mí no me importaba la salud de la paciente?

   La sentencia se basa para condenarme en dos hechos. Primero, en que un día y medio tras el ingreso, después de que yo ya había operado a la paciente para vaciar el hematoma de la rodilla, un enfermero registró una bajada en la saturación de oxígeno en el pie a 88%. Pero tres horas después yo vi a la paciente, y la saturación era 92-98%, lo que descartaba lesión arterial. Y no había ningún signo de isquemia (que es la ausencia de llegada de sangre a una zona del cuerpo, en este caso al pie), y la evolución clínica siguió siendo buena. Y segundo, que horas después una enfermera anotó que no palpaba pulso pedio, en el dorso del pie. Pero el pie estaba vendado, lo que dificultaba o impedía la palpación del pulso, que es una prueba subjetiva; y después de que esa enfermera no palpara pulso, otros facultativos (médicos y enfermeros) sí que lo palpamos, y además la saturación medida con el pulsioxímetro (que registra el pulso) era normal (94-98%). Sin embargo, la sentencia, sin tener en cuenta todos los demás datos positivos que fueron controlados y estuvieron presentes durante todo el proceso asistencial, concluye que esos dos datos mencionados tenían que haberme hecho sospechar una isquemia, y que yo tenía que haber pedido un angioTAC antes de cuando lo hice. Y me condena por ello a 4 años de inhabilitación para ejercer la medicina, y a pagar 2.300.000 € de indemnización a la paciente. Los seguros cubren la mitad de esa cantidad, por lo que de hacerse firme la sentencia tanto yo como mi mujer y mis dos hijas quedaríamos en la calle, y tendríamos que seguir viviendo con ayudas familiares (llevamos un año así, al tener embargada la casa y parte de la nómina) y sin poder trabajar.

   La jueza afirma que en mi Hospital se produjo isquemia de la pierna, que esa situación duró más de seis horas sin que nadie la detectara, y que esa fue la causa de la amputación. Eso no es cierto. Una decena de peritos han demostrado que durante los tres primeros días y medio, antes de hacer el traslado, no hubo nunca isquemia. Esa es la pura verdad y no hay ninguna prueba de que hubiera isquemia. Pero la jueza no lo ha entendido así, probablemente por la complejidad de estos procesos patológicos y por haber sido mal asesorada y engañada por los Forenses y por los peritos pagados por el abogado de la acusación (un ex médico metido a abogado que para ganar mucho dinero no le importa mentir y calumniarme), y se ha creído la mayoría de las mentiras del ex cirujano vascular de Povisa. Las Forenses por ejemplo, además de partir de premisas falsas (que hubo una luxación, que no la hubo) y demostrar sus carencias en la medicina práctica y especializada (se empeñan en decir que las pulsioximetrías no sirven para nada, aunque luego cuando baja su registro lo consideran una señal de alarma) caen en profundas contradicciones: como por ejemplo cuando reconocen que si hay isquemia de más de seis horas siempre se produce necrosis muscular y se eleva el potasio y la creatinina, y a pesar de saber que los análisis hechos en ambos Hospitales son normales, a pesar de eso, siguen manteniendo -contra todo razonamiento lógico- que había isquemia. Es un problema médico y no jurídico, y todas las pruebas objetivas, como el angioTAC hecho en Povisa, que demuestra llegada de sangre al pie, y las fotografías tomadas en el quirófano de Povisa, que demuestran que no había cianosis, contradicen lo afirmado por la sentencia.

   La verdad es que mientras yo estuve atendiendo a la paciente nunca se produjo isquemia, y que aunque yo hubiera hecho el angioTAC o el traslado antes de cuando lo hice, eso no hubiera cambiado nada el nefasto resultado si en Povisa ese cirujano vascular hubiera hecho la misma operación que hizo. Y si se hubiera trasladado a la paciente a otro Hospital la paciente tendría todavía su pierna (aunque las lesiones que se produjo le hubieran dejado muchas y muy importante s secuelas). Porque en el juicio se ha demostrado que ese ex cirujano vascular de Povisa operó mal a la paciente, por no leer antes los informes ni ver las pruebas realizadas (como él mismo reconoció): y por eso hizo el bypass a una zona trombosada, y por eso no funcionó. Y después, al darse cuenta de su error, para exculparse, se inventó que había isquemia desde el primer día, y mintió echándome la culpa y falsificando sus informes. La sentencia no ha querido entra a valorar sus actuaciones porque desde el principio la presión mediática y las juezas creyendo sus mentiras, y yo era el único acusado… Por eso el Juzgado no quiso permitir que fueran citados al juicio varios médicos de Povisa, cuando sus informes clínicos (en concreto los de un radiólogo, un traumatólogo y un anestesista de ese Hospital) ratifican que el diagnóstico de isquemia irreversible de 80 horas que hizo el cirujano vascular era totalmente incorrecto (algo que peritos de ambas partes comparten) a la vez que dejan en evidencia las muchas contradicciones en que incurre el médico responsable de la amputación, quien miente al decir que no había circulación colateral, y quien utilizó la vena safena de la pierna derecha para hacer el bypass, demostrando así que la pierna no estaba necrosada por la isquemia, como después afirmó mintiendo.

   Concluyo añadiendo que es absolutamente falso lo afirmado por la acusación y por algún medio de comunicación, atribuyendo a la sentencia, calumniosamente, que desatendí llamadas hechas desde El Castro para que fuera a ver a la paciente: eso es mentira. Y sobre los informes médicos de mi Hospital: se enviaron todos a Povisa con la paciente (sin sospechar que fuera a haber ninguna complicación, y menos una amputación), y se habían enviado por FAX cada día a la Compañía de Seguros, y se entregó copia a la familia, y se entregaron a los juzgados: es falso -como se ha dicho- que se cambiaran datos de registros de pulsioximetrías, y la jueza sabe que todos los documentos que se manejaron en el juicio se corresponden con los originales.

   La paciente tuvo la desgracia de perder una pierna. Pero si quiere que se haga justicia no puede permitir que se condene y se arruine la vida de un médico que no tuvo la culpa de nada, pero que sufrió una vil calumnia de alguien que sí se equivocó. ¿Alguien considera justo que se destroce la vida de un médico que hizo bien su trabajo, porque la justicia no quiere investigar al principal sospechoso de causar el daño, que es precisamente, en este caso, mi acusador? Reitero mi inocencia y no puedo sino considerar esa sentencia infundada y muy injusta. Sigo confiando en la Justicia, y espero que el recurso que presentemos ante la Audiencia Provincial sea estimado, y los jueces entiendan bien los datos médicos del caso, anulen esta condena que me hace a mí y a mi familia un gravísimo y muy injusto daño; y que investiguen después lo que realmente ocurrió durante todo el proceso asistencial, hasta dejar más claro todavía dónde se produjo el problema y la isquemia, y quién dice la verdad y quién miente.

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